Un comité del Parlamento británico pidió hoy que se revise la abundante legislación antiterrorista adoptada por el Gobierno desde el 11 de septiembre de 2001 por considerarla excesiva y desfasada.

El comité conjunto de Derechos Humanos, integrado por diputados de todos los partidos, se pregunta si se puede justificar nueve años después el argumento del Gobierno de que existe "una emergencia pública que amenaza la vida del país".

En concreto recomienda que el Gobierno renuncie definitivamente a su plan de ampliar de 28 a 42 el número de días en que la policía puede mantener en detención a un sospechoso de terrorismo sin presentar contra él ningún cargo concreto.

Ese plan fue aparcado ante la fuerte oposición de la Cámara de los Lores, pero sigue figurando como proyecto de ley, por lo que el Gobierno podría activarlo si lo considerara oportuno.

El comité sostiene además que el actual límite de 28 días de detención sin cargos es excesivo, debería revisarse y habría que estudiar la posibilidad de aplicar una fianza en algunos casos.

Critica por otro lado que la insistencia de los servicios de inteligencia británicos en controlar la transcripción de las pruebas obtenidas gracias a la interceptación de las comunicaciones, por ejemplo las escuchas telefónicas, equivale de hecho a vetar cualquier intento de usar ese material en los tribunales como quieren algunos.

El comité acusa al Gobierno de haber utilizado el argumento del estado de "emergencia pública" para socavar la Convención Europea de Derechos Humanos y poder detener a sospechosos de terrorismo extranjeros sin someterlos a juicio.

Estas prácticas se consideraron ilegales en 2005, pero según el comité, el Gobierno laborista sigue sosteniendo que "una emergencia pública amenaza la vida de la nación", aserción que, según los parlamentarios, tiene un efecto muy nocivo sobre el necesario debate público en torno a las leyes antiterroristas.

El comité parlamentario ha reclamado ya una investigación completa de las informaciones que apuntan a la supuesta complicidad de los servicios de inteligencia británicos con prácticas de tortura a que fueron sometidos ciudadanos del Reino Unido en otros países.

En su informe, el comité recomienda que el actual responsable de revisar las leyes antiterroristas, lord Carlisle, sea nombrado por el Parlamento, ante el cual debería responder.

Critica por otro lado al jefe del MI5, servicio de inteligencia interior, Jonathan Evans, por no haber querido testificar en público ante el comité.

El presidente del comité parlamentario, el diputado laborista Andrew Dismore, reconoció que la amenaza terrorista sigue ahí y que son necesarias las leyes para hacerle frente, pero se preguntó si las medidas antiterroristas que continúan en vigor siguen estando justificadas.

Según fuentes del ministerio del Interior, el año pasado la policía detuvo a 201 personas por sospecha de terrorismo aunque finalmente sólo se presentaron cargos contra 61.

En total, desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, ha habido en Gran Bretaña 1.759 detenidos en relación con el terrorismo, de los que 383 han sido acusados formalmente de algún delito de ese tipo.

Mientras tanto, el número de personas cacheadas en la calle por la policía de acuerdo con la legislación antiterrorista fue de 200.444 en 2009, un 12 por ciento menos que el año anterior.

El año pasado, otro informe de la comisión parlamentaria de Derechos Humanos señaló que los negros tienen siete veces más probabilidades de ser cacheados en la calle que los blancos y los asiáticos, dos veces más.

De acuerdo con la sección 44 de la ley antiterrorista británica, la policía no necesita tener "sospechas razonables" de que un individuo es un terrorista para proceder a su cacheo.

En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que los policías que utilizan sus poderes antiterroristas para detener a personas en la calle sin que existan sospechas de que puede tratarse de un terrorista están actuando ilegalmente.