Amnistía Internacional (AI) constató en el último año un agravamiento de la brecha de la justicia social en el mundo a causa de la actitud de los Gobiernos poderosos, que "están bloqueando los avances en la justicia internacional".

Esta es la conclusión principal del informe anual en el que AI evalúa la situación de los derechos humanos, que documenta abusos en 159 países y denuncia la predisposición de los Gobiernos a actuar por encima de la ley con respecto a los derechos fundamentales, proteger a sus aliados y tomar medidas sólo cuando les conviene.

"En la brecha de la justicia global prosperan la represión y la injusticia, y millones de personas se ven condenadas a abusos, opresión y pobreza", afirmó Claudio Cordone, secretario general interino de Amnistía Internacional, al presentar el informe.

"Los Gobiernos deben garantizar que nadie está por encima de la ley y que toda persona tiene acceso a la justicia por todas las violaciones de derechos humanos", recordó Cordone, quien subrayó que "mientras los Gobiernos sigan subordinando la justicia a los intereses políticos, la mayor parte de la humanidad seguirá viviendo con miedo y sufriendo necesidades".

Amnistía Internacional pidió que los Gobiernos garanticen la rendición de cuentas por sus propias acciones, ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y garanticen que los crímenes de derecho internacional puedan ser enjuiciados en cualquier lugar del mundo.

En el terreno positivo, AI consideró "un hito" la orden de detención dictada en 2009 por la CPI contra el presidente de Sudán, Omar Hassan Al Bashir, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Este paso demuestra, según esta organización, que "ni siquiera los jefe de Estado en activo están por encima de la ley".

Sin embargo, "la negativa de la Unión Africana a colaborar, a pesar de la pesadilla de violencia que han sufrido cientos de miles de personas en Darfur, constituyó un crudo ejemplo del fracaso de los gobiernos a la hora de dar prioridad a la justicia frente a la política", añadió AI en su resumen general sobre el 2009.

La parálisis del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con respecto a Sri Lanka, a pesar de los graves abusos -entre ellos posibles crímenes de guerra- cometidos por fuerzas gubernamentales y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, fue otro testimonio de la incapacidad de la comunidad mundial para actuar.

En Oriente Medio, Israel y Hamás siguieron haciendo caso omiso de las recomendaciones del informe Goldstone del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que pedían rendición de cuentas por el conflicto de Gaza.

En este contexto, "la brecha en la justicia hace que se mantenga una perversa red de represión en todo el mundo", explicó AI, que registró casos de tortura y otros malos tratos en al menos 111 países; juicios injustos en al menos 55; restricciones a la libertad de expresión en no menos de 96, y presos de conciencia encarcelados en un mínimo de 48.

Organizaciones y defensores de los derechos humanos sufrieron ataques en muchos países, y los Gobiernos les impidieron llevar a cabo su trabajo o no los protegieron.

En Oriente Medio y el norte de África hubo una constante de intolerancia de los Gobiernos hacia las críticas en Arabia Saudí, Siria y Túnez, y de creciente represión en Irán.

En Asia, el Gobierno chino aumentó la presión sobre quienes cuestionaron su autoridad, deteniendo y hostigando a defensores de los derechos humanos, mientras que miles de personas huyeron de la grave represión y las penurias económicas en Corea del Norte y Birmania.

En parte de Europa y Asia Central se redujo el espacio para la sociedad civil y las voces independientes, y la liberta de expresión se reprimió injustamente en Rusia, Turquía, Turkmenistán, Azerbaiyán, Bielorrusia y Uzbekistán.

Las fuerzas de seguridad cometieron centenares de homicidios ilegítimos en América -en países como Brasil, Jamaica, Colombia y México-, y las violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en las operaciones de lucha contra el terrorismo continuaron gozando de impunidad.

Gobiernos de África, como los de Guinea y Madagascar, respondieron a la disidencia con homicidios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza, y Etiopía y Uganda, entre otros, reprimieron a quienes se mostraban críticos.

Otras tendencias que también se registraron fueron los desalojos forzosos masivos de persona que perdieron sus casas en África, el aumento de los informes de violencia intrafamiliar contra las mujeres, la explotación de millones de emigrantes en Asia y un brusco aumento del racismo, la xenofobia y la intolerancia en Europa y Asia Central.